En el 2008 no asesinaron a periodistas en Colombia

Buenos días, a continuación esta información del Diario El País de Cali sobre la seguridad de nuestra profesión.



Agencia AFP

Por primera vez en 23 años, Colombia no registró ningún asesinato de periodistas por su trabajo en 2008, pero la amenaza sigue siendo la principal forma de intimidación, según un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), divulgado ayer

“Esto constituye un hecho para destacar en un país como Colombia, en el que ha asesinado a más de 130 periodistas en los últimos 30 años”, señala el informe, en el que se alerta que las amenazas a los periodistas continúan siendo el “mecanismo más efectivo para coartar el ejercicio informativo”.

El informe, publicado con motivo del día del periodista, señala que 72 casos de amenazas a los comunicadores fueron registrados en 2008 por la Flip.

Dos periodistas debieron exilarse y otro fue secuestrado en 2008, dice el informe que manifiesta “preocupación” por los casos de agresión de particulares contra los comunicadores, que afectan especialmente a los reporteros de provincia.

“Por cuenta de un determinado cubrimiento, en diferentes hechos los periodistas fueron calificados de guerrilleros o paramilitares”, denuncia la agremiación.

La Fundación volvió a quejarse de la impunidad que continúa reinando sobre los crímenes de periodistas en Colombia.
La Flip indicó que las intimidaciones “impiden que ciertos temas salgan a la luz pública” y llama la atención sobre la “estigmatización” que están sufriendo los periodistas por parte de “funcionarios públicos y particulares”.

“Los funcionarios públicos se convirtieron en los principales autores tanto de obstrucciones, como de tratos inhumanos o degradantes. Algunos alcaldes, concejales y otros integrantes de entidades estatales golpean o insultan a los periodistas tras la publicación de cuestionamientos o denuncias”, explica.

La Flip también alerta sobre “otra forma de censura” que se registró en 2008, “más indirecta pero igualmente nociva: la distribución de la publicidad estatal en función de objetivos políticos, como forma de presión financiera a los periodistas”.